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No. Esta es una de las leyes federales más antiguas en los libros actuales. La Ley Federal de Reclamación Fraudulenta, también conocida como "Lincoln Law", se remonta a la época de la Guerra Civil. El Presidente Lincoln sancionó la Ley de Reclamación Fraudulenta en el año 1863 para combatir el fraude cometido por los oportunistas de la guerra que le vendían suministros de mala calidad a precios elevados al Ejército de la Unión. En 1943 los contratistas del ejército lograron que el Congreso enmendara la ley debilitándola y por consiguiente el litigio de los informantes se volvió prácticamente inexistente. Sin embargo, en 1986 debido al creciente número de fraudes que quedaban impunes, el Senador de los Estados Unidos Grassley (R., Iowa) y el Diputado de los Estados Unidos Berman (D., California) unieron sus fuerzas para enmendar la ley y hacer más atractivo el incentivo ofrecido a los ciudadanos para que denuncien y luchen contra el fraude. Volver arriba A veces los abogados denominan ley qui tam a la Ley de Reclamación Fraudulenta y a las acciones judiciales presentadas por informantes. El término "qui tam" proviene de una frase más extensa en Latín que se traduce como "aquel que inicia una acción judicial para el rey como para sí mismo." Es decir, un individuo inicia una acción judicial en favor del gobierno (el "Rey") como así también para obtener su propia recompensa. Existen diferentes pronunciaciones para qui tam. Si usted conoce la pronunciación correcta, por favor avísenos. Mientras tanto, utilizaremos el término "informante". Volver arriba Algunos abogados denominan "Denunciante" a la persona que presenta una acción judicial (el demandante) según la Ley de Reclamación Fraudulenta. En otras palabras, el denunciante es el informante que inicia una causa de acuerdo con esta ley. También se denomina a esta persona como "demandante qui tam". Volver arriba Declaraciones falsas de cumplimiento del contrato. Para transgredir la Ley de Reclamación Fraudulenta puede ser suficiente con violar las condiciones contractuales o de leyes y disposiciones que generalmente se exigen en contratos gubernamentales y que se presentan en lo que se denominaría como secciones "definidas" de un contrato. Tener conocimiento acerca de la presentación de una reclamación de pago se puede considerar equivalente a una certificación falsa de cumplimiento de dichas leyes, reglas y disposiciones. Si la financiación federal se encuentra condicionada al cumplimiento de estas disposiciones contractuales, dicha mala conducta podrá resultar en una causa bajo la Ley Federal de Reclamación Fraudulenta. Se debe tener en cuenta que las reclamaciones pueden ser falsas y que se puede haber violado la ley a pesar de que los productos o servicios proporcionados cumplan con otras especificaciones contractuales. Las declaraciones falsas de cumplimiento del contrato pueden incluir una o más de las siguientes leyes: - Buy American Act (Ley de Compras Nacionales).
- Ley de Acuerdos Comerciales.
- Ley Contra el Soborno.
- Ley Walsh-Healy y Ley de Contratos de Servicios.
- Ley Davis-Bacon (salario vigente)
- Leyes de Protección Ambiental.
- Iguales Oportunidades de Empleo AA/EEO.
- Requisitos para la adquisición de pequeñas empresas.
- Ley de salario mínimo y horas adicionales (FLSA).
- Leyes de licitación pública (FAR).
- Ley de Veracidad en las Negociaciones (TINA, por sus siglas en inglés) que exige la certificación de la información pertinente de costos.
El fraude en adquisiciones puede incluir uno o más de los siguientes: - Entrega de mercadería de menor calidad o que no cumpla con los requisitos de inspección, pruebas u otros requisitos técnicos.
- Cobro al Gobierno de tarifas laborales superiores a las acordadas en el contrato.
- Tergiversación de gastos de trabajo indirectos y generales como gastos de trabajo directos
- Cronogramas de licitación colusorios donde los interesados conspiran para fijar precios.
Volver arriba Los auspiciantes de este sitio Web tienen como meta reducir el fraude contra el gobierno. Aunque su herramienta principal para lograr este objetivo es representar a particulares en sus acciones contra corporaciones, universidades, ciudades, etc., ellos también lo consiguen al representar a empleadores que buscan reducir las posibilidades de que sus empleados defrauden al gobierno. La mayoría de las grandes organizaciones tienen políticas explícitas que exigen el cumplimiento escrupuloso de todas las leyes y disposiciones. Sin embargo, los ejecutivos o directivos de mando intermedio a veces no respetan dichas políticas y economizan dinero. Pueden percibir una aprobación tácita de dichas tácticas, especialmente en lo que respecta a la violación de reglas y disposiciones no delictivas que pueden brindarles un ascenso o mayores bonificaciones. Los empleados de dichos ejecutivos y de directivos de mando intermedio generalmente se sienten poco incentivados a hablar y tienen mucho que perder como para informar internamente comportamientos lucrativos no delictivos. Esta es la matriz riesgo/recompensa típica en la mayoría de las organizaciones. Para reorganizar este proceso típico, un empleador puede aumentar los incentivos (un programa de recompensas) para que los empleados hablen y puede disminuir los riesgos (ofreciéndoles protección contra represalias). Si bien este concepto es simple, el diseño, desarrollo e implementación de dicho programa debe estudiarse cuidadosamente. Kroner puede estar disponible* para trabajar con sus profesionales de cumplimiento y de recursos humanos en cualquier etapa de este proceso. *Tenga en cuenta que el Sr. Kroner rechaza muchos clientes por diversos motivos y que el hecho de que no desee reunirse con sus representantes no implica necesariamente que tenga ningún tipo de conflicto con su organización. Volver arriba ¿Qué sucede con los fraudes contra el Condado de Miami-Dade? Las preguntas y respuestas que se encuentran en este sitio sólo se refieren a las leyes federales y del estado de La Florida y no a la ordenanza sobre reclamaciones fraudulentas del Condado de Miami-Dade. Volver arriba
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